Derivado del constante avance de la Peste Porcina Africana (PPA) en Asia, —11,676 brotes activos entre julio y noviembre— el gobierno de Japón buscará dotar de nuevas facultades legales a sus inspectores en aeropuertos, con el objetivo de impedir la entrada de la enfermedad en su territorio.
Como parte de estas medidas de bioseguridad, los encargados tendrán la autorización de preguntar a los viajeros si llevan algún producto derivado del cerdo, e incluso revisar su equipaje, incluso sin que haya consentimiento.
De acuerdo con las autoridades, cualquier posible infracción podría ser castigada con hasta tres años de cárcel o una multa de 9,200 dólares; no obstante, tanto las acciones como las penalizaciones no entrarán en vigor hasta su revisión en la próxima reunión bicameral del gobierno.
Otra de las estrategias que se buscará implementar, será el sacrificio de cerdos sanos si estos llegaran a encontrarse cerca de animales infectados, hasta el momento el sacrificio de estos casos no está permitido por la ley.
En este sentido, las autoridades se reunirán con expertos para analizar los alcances de dicha medida y el impacto que podría tener en su industria cárnica y porcícola, cabe destacar que esto solo se llevaría a cabo en unidades de producción de gran tamaño.
Adicionalmente, se pretende incrementar el control del gobierno sobre las medidas de control de la PPA y así garantizar una respuesta rápida a las contingencias; con esto, las diferentes prefecturas en Japón tendrán las facultades para emitir instrucciones a las granjas con lineamientos sanitarios deficientes.
Fuente: Porcicultura.com
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